Mi trayectoria profesional refleja mi compromiso con la justicia. Actualmente ejerzo como abogada defensora en materia penal, pero durante más de 17 años trabajé como fiscal en el condado de Travis, protegiendo a las víctimas y velando por la seguridad de mi comunidad. Combatí el fraude gubernamental y la corrupción, y contribuí a encarcelar a asesinos, violadores y agresores de menores.

En años recientes, también colaboré con la Unidad de Integridad de las Condenas de la Fiscalía del condado de Travis investigando denuncias de condenas injustas. Lamentablemente, he visto a personas inocentes condenadas por delitos que no cometieron y he sido testigo de sesgos inherentes al sistema. Al trabajar para lograr justicia en estos casos, adquirí una comprensión más profunda de las formas en que el sistema de justicia penal puede fallarnos. Estas injusticias socavan la seguridad pública en lugar de fortalecerla.

Es fundamental que nuestro sistema de justicia defienda la Constitución y el Estado de derecho, y que vele por la seguridad pública, tratando al mismo tiempo a todas las personas —incluidas las partes litigantes, sus representantes y las víctimas— con dignidad y humanidad. Poseo la valentía necesaria para tomar decisiones difíciles con independencia, imparcialidad e integridad, sin ceder a presiones políticas. En un contexto donde las libertades se ven cada vez más restringidas y aumentan las amenazas contra el poder judicial, nunca ha habido un momento más apremiante para defender estos principios.