Cuento con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la justicia penal. Actualmente ejerzo como abogada defensora penal, pero pasé más de 17 años como fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Travis, trabajando para proteger a las víctimas y mantener segura a mi comunidad.

Combatí la corrupción gubernamental y los delitos de cuello blanco como Directora de la División de Integridad Pública y Delitos Complejos. Procesé casos de delitos violentos, incluidos homicidios, agresiones sexuales y abuso infantil.

Sin embargo, durante los últimos cinco años, también colaboré con la Unidad de Integridad de las Condenas, investigando denuncias de condenas injustas mediante métodos como pruebas de ADN, entrevistas a testigos y revisiones por parte de peritos científicos. Me causó gran impacto y consternación descubrir la existencia de condenas injustas en mi condado, y enterarme además de que algunos de los casos que procesé años atrás resultaron ser, de hecho, condenas injustas. Aunque me esforcé al máximo para garantizar que se hiciera justicia en aquellos casos, fui testigo directo de las fallas estructurales de nuestro sistema de justicia penal. Comprendo a fondo las formas en que el sistema puede fallarnos y poseo la valentía necesaria para corregirlo.

La Corte de Apelaciones Criminales es la máxima instancia del sistema de justicia penal de Texas. La Corte examina cuestiones constitucionales cruciales que afectan los derechos y las libertades de los texanos, establece normas aplicables a las cortes del estado y actúa como autoridad definitiva en la revisión de los hechos en casos de condenas injustas. Por ello, me motiva profundamente aportar una voz independiente a la Corte, asegurando que los casos y asuntos de gran relevancia reciban una revisión justa y exhaustiva, que las decisiones se fundamenten en la Constitución y en el Estado de derecho, y que todas las personas sean tratadas con dignidad y humanidad.